La diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó una iniciativa en San Lázaro para obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a prevenir, atender y sancionar la explotación económica o comercial digital de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, añadiendo una fracción a su artículo 47 para tipificar esta nueva modalidad de abuso, la cual es perpetrada frecuentemente por quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia de los menores.
El peligro del ‘Sharenting Comercial’ y el trabajo infantil digital
La legisladora explicó que el uso sistemático de la imagen, voz o datos personales de menores en redes sociales y plataformas de video se ha consolidado como un lucrativo modelo de negocio a nivel mundial. Esta práctica, a menudo disfrazada como un pasatiempo familiar inofensivo, constituye en realidad una forma no regulada de trabajo e hiperexposición infantil conocida como sharenting comercial.
El impacto de esta mercantilización en la vida privada de los menores es alarmante. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales citadas en la iniciativa:
- El 81% de las niñas y niños en países con acceso a internet ya tienen una huella digital antes de cumplir los dos años.
- Antes de llegar a los cinco años, sus tutores han publicado en promedio más de 1,500 imágenes o videos sin su consentimiento.
Priorizar el interés superior de la niñez sobre el lucro
Para la diputada Rojo Pimentel, el Estado mexicano no puede mantener una «ceguera digital» frente a esta realidad. La reforma pretende visibilizar la monetización no regulada como una forma de explotación que vulnera directamente la privacidad, la educación, la salud mental, el desarrollo integral y el descanso de los menores.
Con estas modificaciones normativas se busca garantizar que:
- El interés superior de la niñez prevalezca sobre cualquier interés económico o mercantil en el entorno digital.
- La representación legal ejercida por padres o tutores no se traduzca en un menoscabo de los derechos fundamentales de los menores a cambio de patrocinios o ingresos publicitarios.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su respectivo análisis y dictamen.
